El Recurso de Nulidad RN 11-2024, resuelto por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la condena de Yisselle Carmely Castillo Alegre como coautora del delito de robo agravado, imponiéndole una pena de diez años de prisión. La prueba principal fueron capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp ????, que, a pesar de no contar con soporte físico ni peritaje técnico, fueron valoradas válidamente por su correspondencia directa con los hechos investigados.

El iter criminis comenzó cuando la sentenciada, aprovechándose de una relación sentimental simulada con la víctima, Manuel David Bonifaz Almeida, recabó información de sus movimientos y datos personales. Luego, concertó una cita para ser recogida en un punto específico. Aunque alegó que salía de su centro de labores, en realidad ya no trabajaba allí.

Durante el trayecto hacia su supuesto domicilio, manteniendo comunicaciones constantes por WhatsApp, envió datos, fotos y ubicaciones a sus cómplices. Una vez estacionados en un parque poco transitado, la sentenciada actuó de forma sospechosa, bajando los seguros del vehículo y simulando necesidad de ventilación. Cuando la víctima estaba distraída, aprovechó para quitar los seguros, permitiendo así que sus cómplices irrumpieran violentamente.

La ejecución del crimen se produjo mediante el uso de armas de fuego, con amenazas directas y golpes físicos severos contra la víctima, quien fue lesionado gravemente en la cabeza. Pese a estar presente, Castillo Alegre no pidió auxilio ni alertó a la policía, consolidando su rol en el plan criminal.

Posteriormente, la víctima denunció el hecho y relató la participación activa de Castillo Alegre. Además, durante las diligencias de investigación, la sentenciada intentó persuadir al agraviado para que retire la denuncia, incluso proporcionándole información sobre los demás involucrados. Estas comunicaciones, junto con las actas de intervención policial y los reconocimientos fotográficos, reforzaron las pruebas en su contra.

La Corte Suprema destacó que la falta de pericia técnica en las pruebas digitales no invalidaba su valor, debido a su correspondencia con otros medios probatorios y al contexto general de los hechos. Por todo ello, se concluyó que Yisselle Carmely Castillo Alegre tuvo un dominio funcional esencial en la ejecución del robo agravado. Finalmente, se ordenó un nuevo juicio oral respecto a los otros coacusados, quienes fueron inicialmente absueltos por duda razonable.