La Ley N.º 32130 introduce importantes modificaciones al Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) del Perú, con el objetivo de fortalecer la función investigativa de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. Esta ley redefine el rol de la Policía en las investigaciones preliminares, otorgándole mayor autonomía en la recopilación de pruebas y la realización de diligencias urgentes, bajo la dirección jurídica del Ministerio Público (Fiscalía).

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la reorganización del iter criminis o "camino del delito" en términos procesales. La Policía asume un papel más activo desde la fase preliminar, realizando investigaciones inmediatas para preservar pruebas y detener a sospechosos, especialmente en casos de delitos flagrantes o de criminalidad organizada. Sin embargo, estas acciones deben seguir los lineamientos legales establecidos por la Fiscalía, lo que podría generar tensiones entre ambas instituciones.

El iter criminis se estructura en varias etapas: en la investigación preliminar, la Policía tiene la responsabilidad de iniciar las diligencias necesarias para asegurar pruebas, individualizar a los partícipes del delito y evitar que los hechos delictivos continúen produciendo efectos. Posteriormente, la Fiscalía evalúa las pruebas obtenidas para formalizar la investigación preparatoria. En esta etapa, la Policía continúa brindando apoyo operativo, mientras que la Fiscalía asume la estrategia jurídica del caso, garantizando el respeto de los derechos fundamentales de los involucrados.

Además de la reorganización de funciones, la ley también acelera procesos clave. Se establecen plazos más cortos para las detenciones preliminares y la cesación de medidas restrictivas, como la prisión preventiva. Asimismo, se otorgan nuevos mecanismos para la intervención de comunicaciones y la geolocalización de sospechosos, siempre con la aprobación del juez competente. Estas medidas pretenden dar mayor eficacia a la labor investigativa y reducir la duración de los procesos penales.

No obstante, esta reforma ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos interinstitucionales. La autonomía operativa otorgada a la Policía podría chocar con la conducción jurídica de la Fiscalía, especialmente en casos complejos que requieren decisiones rápidas. La ley, por tanto, plantea desafíos en la coordinación efectiva entre ambas instituciones, mientras ambas se ajustan a sus nuevas competencias y responsabilidades.

En resumen, la Ley N.º 32130 busca una mayor eficiencia en la lucha contra el crimen, aunque la interacción entre la Policía y la Fiscalía será clave para evitar conflictos y garantizar la justicia.