El recurso de Casación N.° 199-2024 aborda una demanda de amparo interpuesta por Arsenio Oré Guardia contra la disposición emitida por la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, a cargo de Rafael Vela Barba, que desestimó la solicitud de exclusión del fiscal José Domingo Pérez Gómez en una investigación por obstrucción de la justicia. El caso se desarrolla en el contexto de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht, donde se imputó a Oré Guardia, junto con otros, por presuntamente intentar obstruir la justicia mediante amenazas dirigidas a testigos desde su estudio jurídico.

Oré Guardia argumentó que el fiscal Pérez Gómez, al haber sido supuestamente objeto de las amenazas, no podía actuar imparcialmente en la investigación sobre la obstrucción de la justicia, ya que tenía un interés directo en el caso. Además, cuestionó la legalidad de los allanamientos realizados en su estudio jurídico, señalando que vulneraban su derecho al secreto profesional y a un debido proceso.

El Tribunal Constitucional revisó el caso y concluyó que la disposición fiscal que desestimó la exclusión del fiscal Pérez Gómez adolecía de un déficit de motivación externa y no consideraba adecuadamente la posibilidad de que el fiscal estuviera comprometido en su objetividad debido a su involucramiento personal en los hechos investigados. El Tribunal destacó la importancia de la apariencia de objetividad en las investigaciones fiscales, subrayando que no solo es crucial que los fiscales actúen objetivamente, sino que también deben aparentar hacerlo, para mantener la confianza en el sistema de justicia.

Asimismo, el Tribunal declaró nula la disposición que desestimaba la solicitud de exclusión y todos los actos fiscales subsiguientes, ordenando la emisión de una nueva disposición que cumpla con los estándares de objetividad e independencia. La sentencia estableció doctrina jurisprudencial vinculante sobre la imparcialidad fiscal, especialmente en situaciones donde el fiscal tiene un conocimiento personal y previo de los hechos que son objeto de investigación, lo que podría comprometer su imparcialidad y afectar el derecho a un debido proceso.