El caso se centra en la condena de Frank Anthony López Quiroz, quien fue sentenciado por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte en julio de 2022 por el delito de uso o porte de arma de fuego, según lo tipificado en el artículo 279-G del Código Penal. La pena impuesta fue de seis años de prisión, junto con una reparación civil de S/ 2,000 en favor del Estado. La condena fue ratificada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en diciembre de 2022.

Iter Criminis:

• Fase de ejecución: Según las actas policiales, López Quiroz fue intervenido portando un arma de fuego en flagrancia, sin autorización legal. La policía realizó la captura basándose en una requisitoria previa, aunque el recurrente alegó que esta intervención fue arbitraria e ilegal. Durante la intervención, se le incautó el arma y las municiones, que fueron operativas al momento de su incautación.
• Elemento subjetivo: López Quiroz sostuvo que la intervención policial fue realizada sin mandato judicial y fuera del contexto de flagrancia delictiva, cuestionando la validez de las pruebas derivadas de dicho acto.
• Elemento objetivo: Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron las actas de intervención policial y las declaraciones de uno de los agentes involucrados, quien ratificó las circunstancias de la captura. Sin embargo, uno de los testigos policiales clave no compareció en el juicio debido a su situación jurídica, lo que añadió controversia al caso.

En su recurso de casación excepcional, López Quiroz planteó varios agravios, incluyendo la presunta violación del derecho a una defensa efectiva y la aplicación indebida de la prueba indiciaria, argumentando que no existían pruebas directas que lo vincularan con el arma incautada. También solicitó que se retrotraiga el proceso a la etapa intermedia, bajo la acusación de una intervención policial ilegítima.

La Corte Suprema, en su análisis, sostuvo que la legalidad de las intervenciones policiales se presume cuando se actúa en flagrancia y que las actas resultantes de estas intervenciones son válidas, a menos que se demuestre lo contrario. El Tribunal también concluyó que las sentencias previas estaban debidamente motivadas y que no se había violado el derecho a la defensa, por lo que rechazó el recurso de casación.