Inicio | Publicaciones | APL N.º 90-2024. Improcedencia del Recurso de Tutela de Derechos por Falta de Hechos Nuevos
En el APL N.º 90-2024, el Tribunal Supremo rechazó la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa de José Pedro Castillo Terrones, relacionada con su detención por los delitos de conspiración, rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público. La defensa argumentó que se vulneraron garantías procesales y derechos fundamentales, pero el Tribunal señaló que no se presentaron hechos nuevos ni pruebas diferentes a las ya evaluadas previamente. Por tanto, se confirmó la improcedencia de la solicitud, reiterando que la detención de Castillo Terrones fue en flagrancia y conforme a la ley.
En el APL N.º 90-2024, el Tribunal Supremo evaluó el recurso de apelación presentado por la defensa de José Pedro Castillo Terrones, ex presidente de la República, contra la improcedencia de su solicitud de tutela de derechos. El proceso está relacionado con su detención en flagrancia por los delitos de conspiración, rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, en agravio del Estado peruano, ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
El iter criminis comenzó la mañana del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo Terrones se reunió en el Palacio de Gobierno con Betssy Chávez, presidenta del Consejo de Ministros, y Aníbal Torres, asesor del despacho presidencial. En esta reunión, acordaron disolver el Congreso de la República e implementar un gobierno de excepción. Esta decisión fue comunicada a la nación a las 11:40 a.m. mediante un Mensaje a la Nación emitido en vivo por el canal estatal. Castillo Terrones anunció la disolución temporal del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y otras medidas que violaban el orden constitucional, tales como el toque de queda y el gobierno mediante decretos ley.
Poco después del mensaje, Castillo Terrones ordenó a la Policía Nacional del Perú (PNP), a través del general Raúl Enrique Alfaro Alvarado, que cerrara el Congreso y detuviera a la Fiscal de la Nación. Además, instruyó que se brindara protección a sus allegados, incluyendo la primera ministra Chávez y su asesor Torres Vásquez. Mientras tanto, algunos ministros como Roberto Sánchez Palomino manifestaron apoyo directo al exmandatario, evidenciando su participación en los planes.
El siguiente paso en el iter criminis fue la decisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP de no respaldar las medidas adoptadas por Castillo Terrones. A través de un comunicado público, se opusieron a su gobierno de excepción, precipitando su caída.
Finalmente, cuando Castillo intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo político, fue detenido en flagrancia por la policía, alrededor de la 1:42 p.m. del mismo día. A partir de este momento, su defensa ha intentado cuestionar la legalidad de su detención a través de diversos remedios procesales, incluido el recurso de tutela de derechos, alegando la vulneración de derechos fundamentales como la defensa y la presunción de inocencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha reiterado que la detención fue legal y en flagrancia.
En esta decisión, el Tribunal declaró infundado el recurso, confirmando la improcedencia de la solicitud de tutela de derechos, ya que no se presentaron hechos nuevos que ameritaran una reconsideración.
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