El recurso de casación "STC-0543-2024-Defraudación_tributaria, falta_imputación_concreta_cambio" se centra en la revisión de una sentencia condenatoria por defraudación tributaria en agravio del Estado, en la que se condenó a Julio Elerd Guillén Oporto a seis años de prisión. La demanda de habeas corpus fue presentada por el abogado defensor de Guillén Oporto, Héctor Guillermo Bendezú Cuéllar, alegando múltiples violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.

El caso se originó a partir de la acusación del Ministerio Público que imputó a Guillén Oporto, junto con otros coimputados, la simulación de operaciones fiscales y económicas no realizadas, lo que habría permitido a la empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. beneficiarse ilícitamente de créditos fiscales. La defensa argumentó que la acusación carecía de claridad y precisión, presentando cargos de manera genérica sin individualizar la responsabilidad específica de cada acusado. Además, se alegó que el cambio de título de imputación de coautoría a autoría, realizado por el Ministerio Público durante el proceso, violó el derecho de defensa del imputado, al no haberse brindado una oportunidad adecuada para refutar esta nueva imputación.

El Tribunal Constitucional, al revisar el caso, concluyó que la sentencia condenatoria y su posterior ratificación por la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa adolecían de una motivación adecuada. Se observó que las resoluciones judiciales no brindaron justificaciones suficientes y claras respecto a la participación concreta del acusado en los hechos imputados. Además, el cambio en el título de imputación fue considerado como una alteración significativa que afectó el desarrollo de la defensa.

Por estos motivos, el Tribunal decidió declarar fundada la demanda de habeas corpus y anuló tanto la sentencia condenatoria de primera instancia como la resolución de vista que la confirmó, ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento que cumpla con los estándares de motivación debida y respetando el principio de imputación concreta y el derecho de defensa. Este fallo subraya la importancia de la precisión y claridad en las imputaciones fiscales, así como la necesidad de proteger los derechos procesales de los imputados en el sistema de justicia penal.