El recurso de apelación (APL N.° 207-2024) se presenta en el marco de un proceso penal iniciado contra el encausado José Domingo Pérez Gómez, quien es investigado por el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. El origen de la apelación se basa en la solicitud de nulidad de las declaraciones del testigo Jaime Javier Villanueva Barreto, realizadas los días 10, 20 y 24 de mayo de 2024. La defensa de Pérez Gómez alega que durante estas declaraciones no se respetó su derecho de defensa, debido a la falta de intervención de su abogado defensor, lo que constituye una vulneración del artículo 150 del Código Procesal Penal y, por ende, genera indefensión al acusado.

El iter criminis en este caso comienza con la investigación que determinó indicios de un acuerdo ilícito entre el acusado y terceros para la recepción de dádivas a cambio de favores administrativos, lo que constituye el delito de cohecho pasivo. Las investigaciones previas indican que el acusado, en su calidad de funcionario público, habría solicitado beneficios económicos para influir en decisiones de carácter estatal. Este comportamiento, tipificado en el Código Penal como cohecho pasivo específico, constituye el núcleo de la acusación.

El desarrollo del iter criminis incluye la recepción de declaraciones por parte de testigos clave, como es el caso de Jaime Javier Villanueva Barreto. Estas declaraciones resultan vitales para la sustentación del caso, ya que podrían aportar pruebas fundamentales sobre la existencia del acuerdo ilícito. Sin embargo, la defensa de Pérez Gómez cuestiona la validez de dichas declaraciones, argumentando que al no estar presente su abogado defensor durante los interrogatorios, se vulneró su derecho de defensa, lo que debería llevar a la nulidad de las mismas.

Por otro lado, el Fiscal Supremo especializado en delitos de corrupción de funcionarios públicos sostiene que las declaraciones de Villanueva Barreto no afectan de manera definitiva la situación jurídica de Pérez Gómez, y que la intervención de su defensor en este punto no era necesaria según los criterios previamente establecidos por la Sala Penal Especial. Además, el fiscal recalca que los derechos de defensa del acusado, quien es abogado de profesión, no fueron vulnerados, ya que su derecho a interrogar testigos se canalizará en una etapa posterior del proceso.

Finalmente, la Corte Suprema evaluó los argumentos y determinó que el recurso de apelación fue bien concedido, ya que cumple con los requisitos procesales formales y de fondo. El caso está expedito para ser resuelto, y se programará una audiencia para evaluar la nulidad de las declaraciones y los derechos procesales invocados.