El Tribunal Constitucional del Perú resolvió la demanda de habeas corpus presentada por Edgar Waldo La Madrid Vallejo, sentenciado a treinta años de prisión por el delito de violación sexual de menor de edad. El recurrente alegó que su derecho fundamental a la defensa fue vulnerado, ya que su abogado particular le recomendó guardar silencio durante el proceso judicial sin explicarle las consecuencias jurídicas de tal decisión. Sostuvo que dicha recomendación afectó su capacidad de ejercer una defensa efectiva y solicitó la nulidad de la sentencia condenatoria del 1 de octubre de 2015 y la ejecutoria suprema del 19 de junio de 2017, además de su inmediata excarcelación.

El Tribunal Constitucional analizó si la decisión de guardar silencio fue una estrategia de defensa autónoma o una imposición que vulneró derechos fundamentales. Concluyó que dicha decisión fue parte de una estrategia legal implementada por un abogado de libre designación, el cual fue contratado por un familiar del procesado. El Tribunal verificó que el acusado tuvo oportunidad de declarar posteriormente en confrontación con la agraviada, lo que evidencia que su derecho a la defensa fue ejercido de forma activa.

Iter Criminis — Fases del Delito Imputado:

1. Fase interna (cogitación): El expediente no recoge pruebas directas de planificación; la acusación se sostiene en la declaración de la agraviada y un informe psicológico.
2. Fase de preparación: No se reportan actos preparatorios documentados; la imputación carece de corroboración física, lo que dificultó la valoración probatoria.
3. Fase de ejecución: La violación fue considerada consumada con base en el testimonio de la menor y evaluación psicológica, sin pericia que vincule directamente al acusado.
4. Fase de consumación: El tribunal ordinario valoró como suficientes los indicios y confirmó la responsabilidad penal. El acusado presentó una declaración jurada de la agraviada negando la violación, la cual fue desestimada.

Conclusión: No se acreditó afectación constitucional al derecho de defensa, ya que el acusado optó por un abogado particular y aceptó su estrategia. La ineficiencia de la defensa técnica no puede imputarse al órgano judicial. Este caso ilustra los límites entre estrategia legal y garantías constitucionales, siendo relevante para la formación jurídica.