El recurso de Casación N.º 847-2023 presentado por Andrés Armando Cisneros Acosta, condenado por tentativa de robo agravado, se centra en la validez de las pruebas y la correcta aplicación de las garantías procesales tras la anulación de un juicio oral. Cisneros Acosta fue inicialmente condenado a nueve años de prisión por intentar sustraer bienes de una empresa en complicidad con otros sujetos. Durante el proceso, el imputado alegó que las pruebas presentadas en su contra, incluyendo testimonios y actas policiales, carecían de valor debido a la anulación previa del juicio oral donde dichas pruebas fueron actuadas.

La defensa de Cisneros Acosta argumentó que la anulación del juicio quebró la cadena de custodia y la legitimidad de las pruebas, alegando además que no se cumplieron con las garantías procesales necesarias, como la presencia de un representante del Ministerio Público durante ciertas diligencias clave. También se cuestionó la veracidad de las declaraciones de los testigos y la falta de un acta de reconocimiento físico con las debidas formalidades.

La Corte Suprema, al revisar el recurso, aceptó que la anulación del juicio original generaba incertidumbre sobre algunas pruebas, pero concluyó que la condena debía mantenerse basándose en la coherencia y persistencia de los testimonios del agraviado y en otros elementos probatorios que superaron los estándares de valoración exigidos por el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116. Sin embargo, en reconocimiento de las circunstancias atenuantes y las objeciones planteadas, la Corte redujo la pena de nueve a siete años de prisión.