La Sala Suprema Constitucional de Perú emitió recientemente una sentencia en la que desestima la solicitud de ilegalización del partido político A.N.T.A.U.R.O. de Antauro Humala. La Sala sostuvo que su discurso populista está amparado por el derecho a la libre expresión, pues no representa una amenaza inminente para la democracia ni para la seguridad pública. Derecho Perú, una organización crítica frente a esta decisión, señala que este fallo revela serios vacíos en el sistema judicial y en las herramientas legales del país, dejando en evidencia la falta de directrices claras para casos de impacto político.

El fallo destaca la dificultad de aplicar la Ley 28094 en contextos políticos complejos, donde no queda claro si deben intervenir el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional o los procesos contencioso-administrativos. Derecho Perú advierte que estas indefiniciones abren una peligrosa brecha de incertidumbre y subjetividad en la impartición de justicia, especialmente en casos de alto perfil. La organización también cuestiona la designación de la Sala Civil Permanente como segunda instancia en estos procesos, ya que esta asignación podría vulnerar el principio de juez natural.

Además, una propuesta de reforma constitucional que busca impedir que personas con condenas por delitos graves se postulen a cargos públicos está detenida en el Congreso desde enero de 2023. Presentada por el congresista Alejandro Muñante, la reforma aspira a prohibir que individuos con antecedentes por delitos graves accedan a funciones públicas, incluso tras cumplir sus condenas. Sin embargo, las demoras en el Congreso abren la posibilidad de que Humala se postule en 2026 sin impedimentos legales, lo cual Derecho Perú considera una contradicción alarmante en el sistema legal.

Para Derecho Perú, esta combinación de vacíos legales y estancamiento legislativo refleja una crisis institucional que afecta la confianza ciudadana. La falta de claridad en el sistema judicial y el retraso en el Congreso ponen en riesgo los principios de ética y transparencia en la vida pública. Derecho Perú insta a las autoridades a establecer criterios claros de idoneidad para los cargos de representación y a reforzar los mecanismos de justicia, advirtiendo que resolver estas cuestiones es crucial para preservar la integridad de la democracia peruana.