ITER CRIMINIS DEL DELITO SUBYACENTE Y LA VINCULACIÓN CON LA MEDIDA COERCITIVA

Hechos
El presente análisis procesal, aunque centrado en el Expediente APL_25_0101 que trata sobre el cese de la comparecencia restringida, requiere comprender la naturaleza del delito subyacente que originó esta medida cautelar. Generalmente, este tipo de restricciones se imponen en casos de criminalidad económica o corrupción, donde el riesgo de fuga o de obstaculización probatoria existe, pero no justifica la prisión preventiva. Asumamos un caso de apropiación ilícita o defraudación. Los hechos iniciales son la manipulación o distracción de bienes o fondos, ejecutada por el imputado en el ejercicio de su función o posición de confianza, configurando un potencial peligro para el orden económico y jurídico. La comparecencia restringida busca asegurar la presencia del imputado mientras el Estado investiga la secuencia completa de este iter criminis.

Fase Interna
La fase interna, o cogitatio, se inicia con la ideación del plan delictivo. En un delito de cuello blanco, esto implica una planificación sofisticada: la decisión de obtener un beneficio indebido, la identificación de los mecanismos legales o contables a manipular, y la determinación de las personas clave a involucrar o engañar. En esta etapa, el pensamiento es meramente interno y, conforme al principio de que el pensamiento no delinque, es impune. Sin embargo, la posterior investigación judicial, que justifica la comparecencia restringida, buscará pruebas de la maduración de esta idea, como notas internas, correos electrónicos o borradores de documentos que revelen el ánimo defraudatorio. La relevancia de esta fase para el expediente radica en que la complejidad de la ideación a menudo justifica la extensión de las investigaciones, lo que posteriormente alimenta la controversia sobre la caducidad del plazo de la medida coercitiva.

Fase Externa
La fase externa comienza con los actos preparatorios, aquellos comportamientos que, sin iniciar la ejecución directa del núcleo del tipo penal, están destinados a facilitar la comisión del delito. En el caso de defraudación, estos actos incluyen la creación de empresas fachada, la apertura de cuentas bancarias offshore, la falsificación de documentación soporte o la coordinación con terceros para simular transacciones. Estos actos aún pueden ser impunes, salvo que constituyan delitos autónomos (como la falsificación de documentos). La comparecencia restringida se impone usualmente cuando ya hay indicios sólidos de que estos actos preparatorios se han ejecutado y existe una alta probabilidad de que deriven en la ejecución delictiva. La duración excesiva de esta fase preparatoria antes de la formalización de la investigación es un punto que la defensa podría usar para argumentar que el proceso ya consumió demasiado tiempo, anticipando el argumento de caducidad.

Ejecución
La ejecución comienza cuando el agente inicia la realización de la acción típica descrita en la ley penal. En un delito patrimonial, la ejecución podría ser la transferencia fraudulenta de fondos, la emisión de un cheque sin fondos con intención de daño, o el inicio de un procedimiento administrativo falso. La tentativa ocurre si, por causas ajenas a la voluntad del agente, el resultado típico no se produce. Por ejemplo, si el banco detecta la anomalía antes de que la transferencia se complete. Es en esta etapa de ejecución, incluso en grado de tentativa, donde el proceso penal adquiere la máxima intensidad y la necesidad de una medida cautelar, como la comparecencia restringida, se vuelve imperiosa para evitar que el imputado huya o destruya las evidencias cruciales del intento fallido. La fecha de inicio de la ejecución es crucial para el cómputo de los plazos procesales.

Consumación
La consumación se alcanza cuando se cumplen todos los elementos del tipo penal. En el caso de apropiación o defraudación, esto sucede cuando el agente obtiene el beneficio patrimonial ilícito, aun cuando dicho beneficio no sea definitivo ni se haya logrado el agotamiento material del fin ulterior. En este punto, el daño al bien jurídico tutelado es completo. La comparecencia restringida en este escenario busca asegurar el sometimiento del imputado al proceso hasta la sentencia, garantizando que cumpla con las restricciones impuestas (no ausentarse, no comunicarse con testigos, etc.). El debate en APL_25_0101 sobre el plazo de caducidad gira precisamente en torno a si el proceso, desde el inicio de la investigación por la consumación, ha excedido un tiempo razonable, haciendo la restricción desproporcionada. La defensa argumenta que, sin una sentencia definitiva, la prolongación indefinida de la restricción vulnera el derecho a la presunción de inocencia y la propia naturaleza temporal de las medidas coercitivas.