Corte Suprema RQ N.º 987-2023/LA LIBERTAD

El caso gira en torno al recurso de queja presentado por César Arturo Fernández Bazán, quien fue condenado como autor del delito de difamación agravada contra Nataly Estefany Rojas Rojas. La sentencia original, emitida el 23 de agosto de 2022, le impuso una pena privativa de libertad de un año, suspendida condicionalmente, y el pago de una reparación civil de veinticinco mil soles. Fernández Bazán presentó un recurso de casación, alegando que no se cumplían los presupuestos legales para su condena y que las expresiones realizadas en una red social no constituían delito. Además, afirmó que la motivación de la sentencia utilizaba estereotipos de género, lo cual, según él, convertía al juez en un activista.

El 10 de agosto de 2023, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el recurso de casación por considerar que no justificaba el desarrollo de doctrina jurisprudencial ni tenía relevancia casacional. La corte argumentó que los hechos declarados probados constituían ofensas claras y descalificaciones gratuitas hacia una mujer oficial de policía, realizadas a través de un medio de comunicación social, en este caso, una red social. La corte señaló que, independientemente de la concurrencia de otros delitos, la víctima se sintió ofendida y su honor fue menoscabado. Además, los planteamientos del recurrente fueron considerados genéricos y repetitivos, careciendo de sustento legal suficiente para modificar la sentencia.

El recurso de queja también fue rechazado porque el delito de difamación con agravantes, según el Código Penal, tiene una pena mínima de un año, por lo que no cumplía con los requisitos para acceder a la casación, que exige una pena mínima de seis años para ser considerada. La Corte Suprema concluyó que las expresiones vertidas en la red social eran suficientemente claras para subsumir el delito de difamación, y no existía ninguna razón válida para acceder al recurso casacional.

Finalmente, la Corte ordenó que César Arturo Fernández Bazán pague las costas del recurso, cuya ejecución fue asignada al Juzgado de la Investigación Preparatoria correspondiente. El caso fue remitido al tribunal superior de origen para su respectiva transcripción y registro?.