La Doble Destitución de César Hinostroza Pariachi : Política y Jurídica

El caso de destitución de César José Hinostroza Pariachi, exjuez supremo, ilustra un proceso complejo marcado por sanciones de doble naturaleza: política y jurídica. En 2018, el Congreso de la República, en virtud de un antejuicio político, lo destituyó por violaciones a la Constitución, específicamente por infracciones graves que comprometieron su labor como juez supremo. Este tipo de destitución es de carácter político, enfocada en su rol como alto funcionario del Estado, y fue el resultado de una acusación constitucional que se desarrolló conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Perú.

Posteriormente, entre 2022 y 2023, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de supervisar el ejercicio disciplinario de jueces y fiscales, emitió tres resoluciones adicionales de destitución, esta vez por faltas funcionales graves contempladas en la Ley de la Carrera Judicial. Estas sanciones se centraron en la conducta de Hinostroza como magistrado y fueron consecuencia de procesos disciplinarios llevados a cabo por la JNJ, que, además de la destitución, conllevaban la inhabilitación para ejercer la función judicial y el patrocinio legal.

Uno de los puntos centrales en la disputa jurídica fue el cómputo del periodo de inhabilitación para el ejercicio profesional. Mientras que la defensa de Hinostroza alegaba que este ya había cumplido los cinco años de inhabilitación desde su destitución en 2018 por el Congreso, el Tribunal Supremo determinó que dicho cómputo debía iniciarse a partir de la primera resolución disciplinaria de la JNJ, emitida en agosto de 2022. De esta manera, la inhabilitación para ejercer la defensa técnica se prolonga hasta 2027.

La Corte Suprema evaluó también la naturaleza dual de las destituciones: la política, impuesta por el Congreso, y la disciplinaria, impuesta por la JNJ. Aunque ambas sanciones son válidas y se aplican a diferentes aspectos del desempeño de Hinostroza, el Tribunal concluyó que no era procedente acumular las inhabilitaciones de manera indefinida. La decisión establece que la inhabilitación máxima de cinco años comenzaba a contarse desde la sanción de 2022, evitando así una aplicación excesiva y desproporcionada de la restricción profesional.

Este caso resalta las diferencias entre los tipos de destitución que pueden imponerse a un juez supremo en el Perú, así como la interacción entre las sanciones políticas y disciplinarias.