CAS 1714-2022: Iter criminis y rechazo de casación por error de tipo en violación sexual a menor

Este resumen explica en profundidad el iter criminis, mostrando cómo cada fase del crimen fue abordada por la Corte Suprema en el marco de la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la defensa técnica del acusado.

Los elementos subjetivos giran en torno a la alegación del imputado, Víctor Hugo Díaz Marcelo, quien sostuvo haber incurrido en un “error de tipo” al no conocer la edad de la víctima, una menor de edad. Afirmó que la agraviada nunca le indicó su edad, lo cual, según su postura, le impedía comprender que su conducta era antijurídica. No obstante, la Corte rechazó este argumento y enfatizó que el error de tipo debe ser invencible, comprobado objetivamente y contextualizado. Alegar ignorancia no basta.

Los elementos objetivos fueron evaluados a partir de la sentencia de primera instancia, la cual absolvió al acusado. El Tribunal Superior anuló dicha sentencia por omitir una evaluación integral de los elementos fácticos y probatorios. Según la Corte, no se consideraron adecuadamente los cuatro factores determinantes para analizar el error de tipo: (i) el rol social del imputado, (ii) las circunstancias específicas del hecho, (iii) la situación de vulnerabilidad de la menor, y (iv) la capacidad de discernimiento del imputado.

Además, se advirtió que el acusado no realizó ningún esfuerzo verificable para confirmar la edad de la agraviada, pese a encontrarse en una situación en la que tal verificación era exigible tanto social como jurídicamente. No se analizaron posibles señales físicas, indicadores conductuales o interacciones sociales que permitieran inferir su minoría de edad, lo que constituye una omisión fundamental en su línea de defensa.

La Corte concluyó que el recurso de casación fue presentado con graves deficiencias técnicas, ya que no identificó con precisión la norma penal supuestamente mal aplicada ni ofreció justificación sustancial alguna para su admisión. Por ello, se declaró inadmisible.

Este fallo constituye un precedente clave sobre los límites del error de tipo y la valoración completa del iter criminis. Obliga a un análisis riguroso y objetivo de las condiciones sociales, cognitivas, probatorias y contextuales del acusado en delitos contra menores de edad. Además, refuerza la obligación del juzgador de analizar detalladamente la estructura del delito en cada etapa del proceso penal.