Este resumen explica en profundidad el iter criminis de un caso de falsedad ideológica cometido por un fiscal adjunto provincial. La Corte Suprema confirmó que Exford Edward Cipirán Rivera, en ejercicio de su cargo, participó como coautor en la elaboración de un documento oficial falso, causando perjuicio directo a la agraviada y vulnerando los principios de legalidad y probidad funcional.

La estructura del delito se manifiesta en varias fases claramente identificables:

1. Fase de planificación: El abogado Wilson Aliaga Vega, defensor de la madre beneficiaria, obtuvo una hoja firmada en blanco por la agraviada, Inés Romero Yachi. Esta firma auténtica sería la base para insertar información falsa posteriormente.

2. Fase de ejecución: El fiscal Cipirán Rivera elaboró y firmó un acta de entrega de dinero por concepto de pensiones alimenticias, afirmando falsamente que la agraviada se presentó en el despacho fiscal a recibir el dinero. No existía constancia de su presencia física ni autorización mediante carta poder.

3. Fase de consumación: El documento falso fue usado como medio para entregar S/. 4,808.50, monto destinado a los menores representados por Romero Yachi. El uso del documento legitimó una transacción fraudulenta.

4. Fase de comprobación probatoria: Las pericias grafotécnicas (Informe n.° 40-2020) determinaron que la firma fue insertada en actos escriturales diferentes, con distintos útiles, evidenciando manipulación. Las declaraciones de testigos y la propia agraviada confirmaron que ella nunca acudió al despacho ni autorizó esa operación.

Desde el punto de vista subjetivo, se comprobó que el fiscal actuó con conocimiento del hecho falso: firmó y validó un documento cuyo contenido sabía irreal. No se trató de una negligencia, sino de una decisión consciente que se ejecutó con la finalidad de dar apariencia de legalidad a una entrega de dinero no presencial.

Objetivamente, el acto produjo un perjuicio: se utilizó un documento adulterado para justificar una operación fiscal sin sustento. El fiscal, como garante del principio de legalidad, debía abstenerse de firmar sin verificación.

La Corte Suprema confirmó la sentencia condenatoria a siete años, considerando que el hecho no solo afectó a la persona agraviada, sino que lesionó la función pública. El acto fue concertado, doloso y ejecutado con pleno conocimiento del daño causado.