Inicio | Publicaciones | APL 23-0328: Cohecho pasivo en Ancash: Pruebas irregulares vs. pruebas ilícitas bajo el escrutinio judicialONTINU
En el Expediente APL 23-0328, la Corte Suprema de Justicia de la República revisa un caso de cohecho pasivo específico contra el exfiscal Marco Antonio Palacios Villarreal. El proceso aborda dos hechos: la absolución por el primer hecho relacionado con un supuesto soborno y la condena de ocho años por el segundo hecho. Además, se discute la validez de las pruebas ilícitas y pruebas irregulares. Se subraya la importancia de distinguir entre pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (ilícitas) y aquellas con fallas procesales menores (irregulares).
En el Expediente APL 23-0328, la Corte Suprema de Justicia de la República evalúa los recursos de apelación relacionados con el caso de Marco Antonio Palacios Villarreal, exfiscal acusado de cohecho pasivo específico. El Ministerio Público y el acusado apelaron la sentencia emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Huari. Este caso se centra en dos hechos principales: la absolución por el primer hecho y la condena por el segundo.
El iter criminis se refiere al proceso de comisión del delito por parte de Marco Palacios. En el Hecho N.° 1, se alega que durante su labor como fiscal, Palacios habría aceptado sobornos para influir en las declaraciones de investigados en un proceso judicial. Se argumenta que permitió la toma de declaraciones sin la presencia de un abogado defensor y que estas fueron enviadas a la oficina de la hija del investigado para ser firmadas. Aunque esta conducta se alegó como cohecho pasivo específico, el tribunal consideró insuficientes las pruebas para vincular de manera concluyente a Palacios con la recepción del soborno. Como resultado, fue absuelto por este hecho.
En el Hecho N.° 2, la acusación fiscal fue más sólida. Las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas, mensajes de texto y testimonios que demostraron que Palacios solicitó dinero a cambio de favores procesales, particularmente para sobreseer casos en los que el acusado Manuel Glicerio Paucar Ramírez estaba implicado. Palacios pidió una suma de dinero para "cubrir la cuota inicial de su carro", demostrando la solicitud de beneficios económicos a cambio de influir en las decisiones judiciales.
Durante el juicio, surgió un debate significativo sobre la naturaleza de las pruebas presentadas. La defensa de Palacios cuestionó la licitud de las pruebas obtenidas a través de interceptaciones telefónicas, argumentando que vulneraban derechos fundamentales. El tribunal diferenció entre pruebas ilícitas (aquellas que violan derechos constitucionales) y pruebas irregulares (obtenidas con inobservancia de normas procesales menores). Finalmente, se concluyó que las pruebas eran irregulares, pero no ilícitas, y fueron admitidas para condenar a Palacios por el Hecho N.° 2, imponiéndosele una pena de ocho años de prisión, además de inhabilitación y multa.
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