LA PRISIÓN PREVENTIVA: PRESUPUESTO Y REQUISITOS.

Los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución coercitiva han de tener en cuenta las postulaciones y alegaciones de las partes procesales; es decir, su razonamiento ha de cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia. El argumento judicial debe ser puntual, preciso y concreto, sin incurrir en abundancia expositiva ni citas extensas y confusas de lo que fluye de las fuentes medios de investigación o, su caso, de prueba cantidad no es necesariamente calidad y rigor narrativo, así como de invocaciones doctrinarias sin mayor relevancia para la dilucidación del caso concreto y de los problemas que plantea. Ha de cultivarse la concisión y la rigurosidad explicativa para la determinación de los elementos de investigación o de prueba -según la naturaleza de la información utilizada- que justifique las conclusiones fácticas -de sospecha fuerte desde el derecho probatorio y jurídicas correspondíentes.

La prisión preventiva, será necesaria si, en el caso concreto, es indispensable,  para  el fin de aseguramiento perseguido, siempre que no exista otra medida menos gravosa (comparecencia con restricciones) que cuenten con la misma aptitud o ficacia para asegurar al imputado al proceso -relación medio, medio. Será idónea si la prisión preventiva permite alcanzar el fin constitucionalmente legítimo y socialmente relevante -relación medio-fin-. Será estrictamente proporcional si la prisión preventiva no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtiene mediante la restricción y el cumplimiento de la finalidad de aseguramiento personal perseguida.  Por ello este Acuerdo Plenario 001-2019-CIJ-116, nos da todos los alcances que se debe tener en cuenta.