El congresista Nivardo Edgar Tello Montes es investigado por el presunto delito de concusión, en agravio del Estado. La Fiscalía sostiene que, abusando de su condición parlamentaria, exigió pagos mensuales equivalentes al 5?% de los ingresos de trabajadores de su despacho. Además, habría solicitado a una exasesora la entrega de parte de su salario y la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600. Finalmente, también se le imputa haber ordenado que trabajadores adquieran cocinas y utensilios con su dinero para ser donados en un evento público.

El iter criminis de estos actos se desglosa claramente en sus fases. En la fase interna o ideación, el congresista habría concebido un plan para obtener recursos personales valiéndose de su investidura. En la fase de preparación, identificó y presionó a trabajadores bajo su jerarquía, utilizando su posición de poder como medio de coacción. La fase de ejecución o consumación se evidenció cuando los empleados realizaron los pagos o adquirieron los bienes solicitados. En algunos casos, estos actos fueron frustrados por la negativa de las víctimas, lo que no elimina la tipicidad penal tentativa.

Frente a estas imputaciones, la defensa presentó un Informe Pericial de Análisis Digital y Criminalística Forense 51-2024 y solicitó la declaración de los peritos que lo elaboraron. No obstante, la Corte Suprema declaró infundada dicha petición, señalando que, al encontrarse en diligencias preliminares, no correspondía ejecutar actos que no fueran urgentes o inaplazables. La Sala concluyó que tales diligencias podrían postergarse hasta la etapa de investigación preparatoria formalizada, siempre que el Congreso autorice la formación de causa.

Actualmente, la causa ha sido trasladada al Congreso con una denuncia constitucional, y se encuentra pendiente de pronunciamiento. La resolución suprema confirmó el rechazo de la tutela de derechos, descartando vulneración al debido proceso o al derecho de defensa.

Este caso pone en evidencia un patrón de presunto abuso de poder sistemático, donde las exigencias económicas no se limitaron a un solo acto, sino que se replicaron en diferentes escenarios y con distintas víctimas. El análisis del iter criminis permite visualizar la estructura delictiva y la mecánica de coerción empleada. La decisión del Congreso será determinante para que la justicia penal actúe sin obstrucciones.