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La Corte Suprema concluye que la sentencia impugnada no incurre en infracción normativa. La actuación administrativa cuestionada se originó en hechos ocurridos el catorce de febrero de dos mil doce. La denuncia administrativa se interpuso el seis de febrero de dos mil catorce, dentro del plazo especial de prescripción. La Sala Superior estimó correctamente que la eventual extinción de la potestad sancionadora no podía operar en perjuicio del denunciante. La sentencia de vista ha analizado fundadamente la continuidad del procedimiento sancionador. La interpretación adoptada por la Sala Superior se encuentra conforme con el marco normativo aplicable. La Corte Suprema emite la sentencia correspondiente.
La presente sentencia se refiere a un caso en el que se cuestiona la interpretación del artículo 233 de la Ley N.° 27444. La Corte Suprema debe determinar si la sentencia impugnada vulnera el régimen legal de prescripción de la potestad sancionadora administrativa.
La actuación administrativa cuestionada se originó en hechos ocurridos el catorce de febrero de dos mil doce. La denuncia administrativa se interpuso el seis de febrero de dos mil catorce, dentro del plazo especial de prescripción de dos años previsto por la normativa sectorial aplicable. La Sala Superior estimó correctamente que la eventual extinción de la potestad sancionadora no podía operar en perjuicio del denunciante por actuaciones posteriores cuya tramitación y oportunidad dependen exclusivamente de la autoridad administrativa.
La sentencia de vista ha analizado fundadamente la continuidad del procedimiento sancionador, descartando que se haya desnaturalizado el régimen legal de la prescripción administrativa. La interpretación adoptada por la Sala Superior se encuentra conforme con el marco normativo aplicable y con los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección al consumidor.
En suma (Conclusión): La Corte Suprema concluye que la sentencia impugnada no incurre en infracción normativa. La interpretación adoptada por la Sala Superior se encuentra conforme con el marco normativo aplicable y con los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección al consumidor.
La sentencia de la Corte Suprema tiene un impacto significativo en la aplicación del régimen legal de prescripción de la potestad sancionadora administrativa. La decisión judicial establece que la eventual extinción de la potestad sancionadora no puede operar en perjuicio del denunciante por actuaciones posteriores cuya tramitación y oportunidad dependen exclusivamente de la autoridad administrativa.
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