Este reglamento, basado en la Ley N.º 32130, establece un marco detallado para la actuación fiscal en la investigación de delitos en el Perú, con un enfoque claro en la coordinación efectiva entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Su objetivo es fortalecer las investigaciones preliminares y preparatorias bajo la dirección del fiscal, quien asume la responsabilidad de la conducción jurídica de cada caso.

El iter criminis, o camino del crimen, está claramente definido en este reglamento, cubriendo cada una de las fases del delito, desde la planificación hasta la ejecución y sus consecuencias legales. En cuanto a los elementos subjetivos, el reglamento resalta la importancia de evaluar las intenciones del autor del delito, las motivaciones y circunstancias que rodean su participación en el acto ilícito. Estos aspectos permiten al fiscal comprender las razones detrás de la comisión del delito y, en algunos casos, atenuar o agravar la responsabilidad del acusado.

Por otro lado, los elementos objetivos se enfocan en la ejecución material del delito, es decir, en los hechos concretos que han ocurrido. Esto incluye la recolección de pruebas físicas, testimonios y cualquier otro indicio que vincule al presunto autor con el acto delictivo. El rol de la Policía Nacional es crucial en este punto, ya que actúa bajo la dirección del fiscal para llevar a cabo diligencias urgentes e inaplazables, como intervenciones y operativos necesarios para asegurar la evidencia y detener a los responsables.

El reglamento también pone un fuerte énfasis en el principio de objetividad, garantizando que el fiscal actúe sin sesgo alguno, centrado en esclarecer los hechos y asegurar la correcta aplicación de la ley. Asimismo, se recalca la reserva de la investigación, lo que significa que solo las partes autorizadas pueden acceder a los detalles del caso.

Finalmente, el incumplimiento de estas directrices no solo puede poner en riesgo la integridad del proceso judicial, sino que también podría llevar a la invalidación de pruebas o incluso a la nulidad de procedimientos completos, afectando el resultado final del juicio.